Instituto público. 1º de Bachillerato -no obligatorio, es decir, es un acto voluntario cursarlo-. Chica adolescente de 16, maquillada como para asistir a un casting. Ocupa un pupitre en una clase en la que un licenciado en Física y con oposición aprobada, desarrolla los contenidos de la asignatura. Nada más allá de su aspecto físico y su BlackBerry interesa a la adolescente durante todo el curso académico, despreciando la preparación y el esfuerzo de los profesores que la educan. Afortunadamente –porque es lo razonable-, suspende tanto en la convocatoria de junio como en la de septiembre: nada sabes, nada te esfuerzas, nada obtienes.
El entorno familiar de la chica decide seguir educando: premia conductas acertadas, castiga conductas inadecuadas.
2º de Bachillerato. Debe recuperar Física y Química de 1º. La familia contrata un profesor particular que ha de pagar la adolescente con sus ahorros. Su irresponsabilidad le genera un perjuicio.
Pero la Administración Educativa Autonómica decide que estos menores indolentes sean atendidos por el mismo profesor cuyo trabajo fue infravalorado y obviado por la chica y sus compañeros durante el curso pasado. Así, de forma gratuita, en su instituto, en horario de tarde, recibirá clases de refuerzo de Física y Química de 1º.
Es decir, mis vecinos, mi familia, mis amigos y amables ciudadanos anónimos serán obligados por la Administración a abonar, con su dinero, el salario del profesor que atenderá a estos chicos inconscientes. Y, lo que es peor, la Administración ha impedido que mi hija subsane su error y aprenda a ser responsable de sus actos, afrontando los gastos que genera su insensatez.
¿Debemos pagar un profesor para reforzar a alumnos que no se esfuerzan y que cursan estudios de forma voluntaria?
No aprendió Física y no le han permitido que aprenda a ser responsable.
En las próximas elecciones su voto será tan relevante como el de su profesor de Física y como el mío.