EL VALOR  INCANCULABLE  

DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA 

 

Antonio Rubio Merino

   

Los profesionales de la contabilidad están sufriendo, desde la implantación casi universal de las Normas Internacionales de Información Financiera, con la necesidad de reflejar en las cuentas, no los importes conocidos del coste histórico de los bienes, sino una estimación razonable de su valor real, atendiendo a su rentabilidad futura. Y como la relatividad de los valores es asunto constante de la filosofía desde sus comienzos, es evidente que no se trata, ni mucho menos, de una ciencia de reglas fijas ni de un paseo a través de un jardín de certezas. Valorar objetivamente no supone más que agrupar de forma ordenada muchas subjetividades. Cuantos más elementos y más sentido en su organización, mejor. Pero para los humanos raro es alcanzar una objetividad cierta más allá de esos límites. El fantasma de la subjetividad siempre amenaza las apariencias de objetividad. La sinceridad al reconocerlo legitima algo más el juicio.

 

¿Cómo podríamos pues asumir la tarea de valorar algo de la envergadura de la Monarquía Española? No parece fácil, ni tan siquiera posible. Pero la problemática situación de estos días adversos y la superficialidad enfermiza de algunas de las opiniones que se escuchan invita cordialmente a intentar el esfuerzo.

 

Comencemos por la definición. La Monarquía Española casi nada tiene de lo primero y no nació como lo segundo. Su nombre procede de la Monarquía Católica, que es como era conocido el Imperio Español por sus contemporáneos en los siglos XVI y XVII. Las tierras del Rey Católico constituyeron el primer imperio global. Y su objetivo oficial no era otro que el mantenimiento de la pureza de la fe católica y su preservación de la herejía. Hombres que hablaban italiano, francés, alemán, o portugués se sentían normal y armoniosamente súbditos del Rey Católico. Y la preponderancia hispánica en esa confederación era aceptada con variable entusiasmo, a veces cercano a la rebelión. Cuando más tarde el cáncer moral del nacionalismo hizo su aparición y la no confesionalidad del poder fue objetivo primario de los defensores de la libertad y la razón, el apellido "Española" vino a sustituir al de "Católica", avisando en cierto sentido que el fin del imperio también llevaba aparejada la claudicación de una visión universal –eso significa, en el fondo, “católico”- del mundo.

 

Pero más allá del apellido, la española ha sido la menos "monárquica" de las monarquías. Si siguiendo la definición de Aristóteles, la monarquía es el gobierno de uno solo, el rey de España -salvo en el reinado de Felipe II quizás- nunca estuvo por encima de la ley ni gobernó por sí solo. Las cortes, los fueros y los diferentes consejos regios fueron siempre contrapeso o complemento del poder real. Y fue un jesuita español en el siglo XVI el primero que escandalizó a Europa con su defensa del tiranicidio cuando el rey pretendía estar por encima de las leyes. Para el pueblo español el rey no fue nunca el dueño de la tierra ni el amo del estado, sino el jefe del ejército, el garante de las leyes y el presidente de la maquinaria administrativa, el primer responsable de la nación... Y su símbolo.

 

Ni en España ni en ningún otro lugar ese valor simbólico ha correspondido nunca sólo a una mera persona, sino a una institución: la Corona. Las personas son contingentes, efímeras, frágiles, falibles. Los reyes, al cabo, lamentablemente a veces, son humanos. Pero la Corona no. Incluso cuando el monarca ha sido elegido por sus talentos personales en situaciones excepcionales, como Matías Corvino o Juan Hunyadi, no es la persona quien eleva a la institución, sino al revés. La Corona sacraliza el liderazgo, tanto como es posible dentro de su legitimidad. Los ridículos intentos de Luis XIV de establecer un culto a sí mismo como encarnación del estado terminaron con la destrucción de la Corona en Francia en ese mismo siglo. Ni Napoleón ni Luis Felipe pudieron más tarde  asentar un trono basado en meros pactos políticos o en la fuerza de las armas.

 

En Mayo de 1808 el hartazgo de los españoles no explotó por los abusos de las tropas de ocupación, ni por la marcha de Carlos IV o de su hijo Fernando VII -porque no estaba claro ya quién debía en esos momentos ser considerado como el legítimo rey-. La rebelión popular y espontánea estalla cuando los franceses tratan de llevarse al último infante del Palacio Real de Madrid. Eso no significa ya un cambio de gobierno o de titular del trono. El pueblo intuye que lo que se les arrebata junto con el último príncipe legítimo es la propia Corona -efectivamente, así era- y con ello el símbolo e identidad de su nación misma. Por eso llamaron “de la Independencia” a la feroz guerra que el pueblo –no sus políticos- entonces inició y lideró. Quienes piensan que José Bonaparte quizás fue una opción perdida de disfrutar de un gran reformador, simplemente analizan un imposible. El napoleónida siempre hubiera sido un tirano, un dictador, un déspota ilustrado, pero nunca un rey. Y con menos justicia habría de sufrir idéntico fracaso Amadeo de Saboya sesenta años después. Volvió Fernando VII, volvió Alfonso XII, volvió Juan Carlos I. Había poco amor ya a los Borbones en España en 1874 y no eran monárquicos en absoluto los franquistas en 1975. La Corona recuperó su lugar simplemente porque la institución de la Monarquía Española, encarnada en su legitimidad, nos excede en el tiempo, incluso en nuestra capacidad, en un momento dado, de apreciar su importancia y alcance.

 

Cuatro guerras civiles habrán de suceder en España para resolver otro dilema de nuestra monarquía: su utilidad. En la película "Cromwell" un desconcertado Carlos I Estuardo -magistralmente interpretado por Alec Guinness- pregunta a los parlamentarios: "Pero, si no puedo gobernar ¿qué clase de rey sería yo? ¿Cómo podría servir a mi pueblo reducido a la condición de mera marioneta sin contenido?". Tampoco Inglaterra estuvo exenta de sus propias guerras civiles hasta alcanzar la idea de que el rey reina, no gobierna.

 

Pero, efectivamente, si el "soberano" ya no ejerce soberanía alguna -pues ésta sólo pertenece en exclusividad al pueblo- y  si en la "monarquia" ya no gobierna uno solo, sino los representantes de todos... ¿qué significa reinar, y que utilidad puede tener esa función para la nación? La desaparición de los reyes de la pugna política hizo surgir nuevos bandos, pero no por ello tuvieron fin los enfrentamientos civiles, bélicos o pacíficos. Al contrario, se enconaron aún más, al carecer los rivales del mínimo respeto que se guardaba hacia el monarca. El rey quedó entonces dentro del terreno de juego, pero fuera de los bandos en liza... genial: la lucha política ya tenía el árbitro que podía garantizar el juego limpio.

 

Es aquí donde la monarquía parlamentaria se torna en la opción política predilecta para muchos liberales. Los que defienden un gobierno de leyes, no de hombres, no pudieron menos que enfrentarse en el pasado a unas personas que, en un mal uso "moderno" de la institución monárquica, pretendían tiranizar a pueblos ya sobradamente maduros para regirse solos. Empleo aquí el "moderno" en su sentido crono-histórico, como referido a los siglos XVI, XVII y XVIII. Porque en los mil años anteriores, durante los que se forjó, la Monarquía Española había sido más el elemento simbólico que representa desde 1876 que el pastiche afrancesado y dictatorial de los dos siglos anteriores, que tanta sangre costó superar.

 

Para el liberalismo la democracia no es un fin en sí mismo, sino el menos malo de los sistemas conocidos -"el peor, si se excluyen todos los demás", en la muy liberal y británica definición de Winston Churchill-. La democracia ha demostrado su bondad como cauce para la pacífica alternancia de gobiernos, estabilidad internacional -jamás ha habido guerra entre dos autenticas democracias- y garantía de las libertades personales. Pero el peligro de imposición universal de la voluntad de la mayoría siempre está ahí, al servicio de políticos irresponsables o demagogos, dispuestos a tiranizar a las minorías y conculcar los derechos personales en nombre de un "bien común" que, sacralizado por la urna,  puede ser interpretado según capricho o conveniencia. Frente a ese riesgo potencial que la demagogia, el partidismo, la corrupción o los políticos profesionales pueden representar para las libertades personales que los gobiernos deben garantizar y que no les pertenecen, por muy mayoritarios que sean sus apoyos -vida, libertad individual, tranquila disposición de los frutos de nuestro trabajo, o sea, nuestra propiedad- la monarquía contemporánea se convierte en la clásica institución de compensación que los liberales adoramos, y que pone límites, barreras, aunque sean simbólicas, al poder omnímodo y expansivo de los políticos, al tiempo que da continuidad a aquello del entramado administrativo y estatal que tiene vocación de permanencia, más allá de los caprichos, las modas o los sectarismos.

 

Alguna cadena de televisión añadía hace unas semanas, a la escena del estrechamiento de manos entre Rajoy y Rodríguez Zapatero, el anterior de éste con Aznar, el de Aznar con González, el de González con Calvo-Sotelo, y el primero, entre don Leopoldo y Adolfo Suárez. Cinco pacíficas transmisiones de gobierno, de alternancia política, en más de treinta años. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto costaría construir la complejísima estructura administrativa, política, constitucional, cultural, social y moral que eso representa? Quienes trabajamos en grandes organizaciones bien sabemos del enorme esfuerzo que requiere el hacer que las cosas ocurran, por oportunas o sensatas que éstas sean. Pero cuando de lo que se trata es de una comunidad política nacional, la mera idea de construirla desde cero es una tarea que aparece simplemente como imposible. La actual nación española es un producto de la historia, y su historia reciente, el fruto de millones de acuerdos, concesiones, compromisos, sacrificios y esfuerzos que no sólo ningún historiador, sino ninguna mente humana sola podría abarcar.

 

Cuando contemplamos esas escenas de normalidad política, o vemos a empresas españolas entre las primeras del mundo, o disfrutamos con las victorias de los equipos nacionales en todo tipo de competiciones deportivas, tenemos hechos palpables del recorrido histórico reciente de nuestro país. De ser la primera potencia mundial en 1600, a verse reducida a la insignificancia y ostracismo de 1950, para estar hoy entre las primeras veinte naciones del mundo en el planeta global y expansivamente tecnológico del siglo XXI. La Corona no ha sido ajena a ese proceso de regeneración y crecimiento. Al contrario, ha estado ahí, ayudando, puliendo, rematando, las actuaciones del ámbito político y de la sociedad civil en la búsqueda de objetivos excelentes y de largo plazo.

 

España como nación es un hecho con una historia bimilenaria -Roma Mater- no un producto administrativo. Es una realidad que antecede en decenas de siglos a la propia Constitución de 1978, que sólo es un elemento jurídico del que la nación preexistente se dota. España no nos pertenece a sus actuales habitantes. La recibimos de nuestros antepasados y la habremos de legar a nuestros hijos, mejorada si podemos. Y hemos de reconocer, como matiz importante a cualquier juicio que hagamos sobre nuestra patria, que no estamos acostumbrados a entidades que no sólo nos exceden gigantescamente en tamaño en el espacio, sino con una envergadura similar, también en el tiempo.

 

La Monarquía Española también es anterior a la Carta Magna y agente creador de la propia nación. Fueron reinos y condados los que se unieron junto a sus soberanos, en la amalgama que nuestro escudo representa. No lo hicieron por el capricho de sus monarcas, porque en casos tales, las uniones dinásticas no funcionaron. Los matrimonios regios cuajaron donde previa o simultáneamente se estaban fundiendo los pueblos que representaban. Y fueron las iniciativas y los proyectos de don Pelayo, de Sancho III de Navarra, de San Fernando, de Isabel la Católica o de Fernando II de Aragón los que lideraron el entusiasmo de un pueblo que derramaría después su cultura, sus leyes, su idioma y su religión por Europa, Asia y América -el continente que la Monarquía Española incorporó a Occidente, sacándolo de la Edad de Piedra- en los sueños imperiales e imposibles de Carlos I y Felipe II.

 

Fueron también los lamentables Carlos IV, Fernando VII, Carlos María Isidro e Isabel II quienes, conducidos por sus egoísmos o sus nefastos consejeros, frenaron a menudo el desarrollo de España o la ensangrentaron en evitables guerras civiles. Sabemos quiénes eran los tatarabuelos de don Juan Carlos -de hecho, podemos remontarnos cincuenta generaciones atrás, hasta su antepasado San Arnulfo de Metz, de 560 d.C.- y tenemos identificados a quienes no obraron de acuerdo a sus altísimos deberes. Pero en aquellas épocas, nuestros propios tatarabuelos, y los tatarabuelos de éstos, los ignorados ancestros anónimos de los cuarenta y cinco millones de españoles de hoy... ¿qué hacían? ¿Qué hicieron? ¿Cómo obraron? ¿Mejor o peor que sus reyes? Acaso, posiblemente, su conducta fue muy parecida a la de sus soberanos. Puede que unos lideren o sean bandera de las luchas de partidos, pero son millones de hombres los que forman los ejércitos y las facciones, no siempre contra su voluntad. Y no sería justo culpar sólo o principalmente a los reyes de las peores páginas de nuestro pasado, en especial las contiendas civiles, simplemente por su notoriedad o porque son ellos los que recordamos. Su visibilidad de hoy obedece a su carácter simbólico de entonces. Símbolo también de los defectos de aquella España, de las imperfecciones de aquellos españoles, nuestros desconocidos antepasados.

 

Quienes atacan a la monarquía por su coste, demuestran más ignorancias que las meras políticas. La Casa del Rey consume menos de 9 millones de euros al año. Unas elecciones costarían 150 millones cada cuatro años. Y el presidente de la república tendría también sus gastos, muy superiores a los anuales de la Corona -basta comparar los presupuestos de La Moncloa y La Zarzuela- teniendo en cuenta que elementos muebles, inmuebles y personales de la presidencia del estado habrían de ser cambiados periódicamente con cada nuevo presidente y su familia.

 

España, como cualquier otro país, no es mayoritariamente de centro. Sólo unos pocos modifican su voto según la situación, siendo los principales agentes de las alternancias en el poder. La mayor parte de los votantes acude a las urnas con una opción política previa y permanentemente asumida, que es votada por sistema, con el mismo entusiasmo con que se rechaza la opuesta. ¿Preferirían la mitad de los españoles a José María Aznar y su esposa como Jefes del Estado y símbolo de la nación? ¿Y la otra mitad, qué opinaría de la opción de José Luis Rodríguez Zapatero y su familia como vínculo de la España actual con la pasada y con la futura?

No debería existir la presunción de inocencia en los cargos públicos que ostentan poder, sino al contrario, deberían estar bajo un severo y continuo escrutinio -como el que ejercían los censores en la Roma republicana- dada su capacidad para extorsionar o esquilmar a los indefensos ciudadanos. El que quisiera un cargo, que soportase esa carga de demostrar permanente la limpieza de sus manos.

 

Pero ese deseo de severidad con los políticos se convierte en una exigencia de responsabilidad aun mayor con quienes, dada su función simbólica, no tienen que limitarse a ser legales, sino ejemplares. Es ese el fundamento de sus privilegios: no existen actividades privadas para un miembro de la Familia Real. En estos días sufrimos el triste episodio de, por primera vez en siglos, asistir al procesamiento de un pariente del Rey, cuya condición de mero consorte no resta gravedad a la situación. Pero una vez más el Rey ha sabido conectar con las legítimas inquietudes de la sociedad española y responder con la palabra y con el ejemplo a lo que de él se espera. Con la discreción propia del caso, se aprecia de fondo el papel del Príncipe de Asturias en la adecuada gestión de este problema. Esos son los justos términos de este asunto, no otros mayores y  la Historia lo colocará también en su lugar, meramente anecdótico. Juzgar a la Monarquía Española o el desempeño de las últimas cuatro décadas de nuestra Familia Real, o el papel que la Corona juega en nuestra democracia engrandeciendo desmedidamente este triste episodio seria desproporcionado, falso, injusto e insensato.

 

La Familia Real Española, que encarna nuestra Monarquía, es una venerable reliquia de nuestro pasado, que nos engarza con él, haciéndolo presente en su vinculación con lo mejor de nuestra sociedad actual, y proyectándolo hacia el futuro que construimos cada día.  No hace falta recurrir al papel cierto e imprescindible de don Juan Carlos el 23 de Febrero de 1981 para apreciar el valor innegable que el símbolo de la Corona tiene en el día a día de la sociedad española, rematando cuanto de excelente produce, representando sin exclusiones a cuarenta y cinco millones de españoles y generando adhesiones y sentimientos eficaces de unidad en los otros trescientos millones de miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, con la solvencia, legitimidad y continuidad que ningún cargo electo podría tener.

 

Durante estos años el príncipe de Asturias se ha preparado concienzudamente, como nunca nadie antes en nuestra historia, para desempeñar el papel al que está llamado, demostrando en sus hechos, personales y públicos, que entiende la Institución plenamente adaptada a nuestro siglo.

 

La Transición ha pasado. Estamos en una nueva época, en la que las transacciones, los acuerdos, la sensatez o la grandeza del pasado, aunque sea tan reciente como 1976,  han de comenzar a estudiarse en los libros de historia. Unos libros, dicho sea también, que como muchos documentales con pretensión de rigor, muestran aún hoy tristemente una visión sesgada y parcial de aquellos años, volviendo al cainismo de "buenos" y "malos" que los protagonistas reales supieron superar, porque bien conocían que eran planteamientos falsos. La Historia real sí que pondrá a cada uno en su sitio. Pero ya no podemos vivir más de la satisfacción de lo que hicimos bien en un ejemplar pasado que se aleja.

 

Historia, institución, legitimidad, símbolo, continuidad, unidad, diversidad, independencia, excelencia… Si añadimos la eficiencia económica que supone como provisión de la jefatura del Estado –menos coste que cualquier alternativa- y el patrimonio moral que los siglos le agregan y le permiten continuar como árbitro de nuestra vida política, estaremos casi completando las virtudes objetivables que acumula nuestra Corona. ¿Cómo valorar semejante tesoro? Nutriéndose en los miles de años de historia de una de las grandes naciones del mundo, la Monarquía Española simboliza, en los titulares que dignísimamente la representan, ahora y en el próximo futuro, simple y extraordinariamente, el valor incalculable de España.

 

 

Antonio Rubio Merino

es autor del libro “¿Tiene sentido ser monárquico?”

 

Enero 2012