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24/07/2012

EL DÉFICIT DEMOCRÁTICO NO TIENE SOLUCIÓN ADMINISTRATIVA


El principal origen del enorme tamaño de nuestra estructura política, ese cáncer que está arruinando España, es la temprana confusión, desde el nacimiento mismo de nuestro actual régimen, entre elección democrática y formación de algún tipo de asamblea.

Que existan distintos niveles administrativos no es algo absurdo. El municipio es una unidad casi elemental e imprescindible. Las provincias, creadas en 1834, están tan bien configuradas que han sobrevivido los dos siglos más convulsos políticamente de nuestra historia. Y parece lógico coordinar algunas provincias entre sí para que las 50 no dependan directamente de la administración central del Estado. He ahí la racionalidad de las regiones. En toda Europa existen esquemas así.

¿Donde reside pues el problema?

El problema nace de la inexistencia de elección directa de los encargados de gestionar lo público. En España nunca elegimos al cargo. No elegimos a nuestro alcalde, no elegimos al presidente de nuestra diputación, no elegimos al presidente de nuestra Junta, no elegimos al presidente de nuestro gobierno. Elegimos a una asamblea que elegirá a su vez al cargo. Y los representantes en esa asamblea tampoco son elegidos directa y personalmente, sino dentro de una lista cerrada, elaborada –y no es requisito que lo sea democráticamente- por un partido político.

Los partidos políticos se otorgaron ese papel cuando elaboraron la Constitución de 1978 porque la redactaron ellos. Ellos dijeron que lo hacían así porque la sociedad española no era aun políticamente madura y, hasta que lo fuera, serian los partidos los que configurarían la vida política nacional, garantizando la estabilidad institucional.

Puede que en aquel momento, hace más de treinta años, esa “prudencia” tuviese algún sentido temporal. Pero qué coste, qué precio tan desorbitado hemos pagado por esa "estabilidad"... En curso la pérdida de nuestra soberanía y ya hasta de las mínimas capacidades de gestión de esos políticos, la verdad nos muestra su rostro más sombrío y realista.

Porque esas asambleas, locales, provinciales, autonómicas y nacionales, tienen cada una decenas, cientos de miembros. Porque no se crean sólo para la elección indirecta de los cargos, sino que se mantienen permanentemente. Porque sus miembros tienen sueldos y prebendas insólitos, desmesurados, vitalicios en muchos casos a cambio apenas de unos pocos meses de desempeño del cargo. Porque mantienen a su alrededor una turbamulta de asesores, secretarios, chóferes y ayudantes, y lo peor de todo, grupo local, provincial, autonómico y nacional de cada partido, con su cohorte adicional de asesores y empleados.

Toda esta cantidad ingente de políticos benefactores –más de 450.000- no es necesaria, ni para la libertad, ni para el debate ni, por supuesto, para la adecuada gestión de lo público. Esa estructura política no existe porque sea necesaria -y ya hoy en día podemos decirlo- porque sea ni siquiera útil, a la nación. Esa superestructura parasitaria ha adquirido tan desorbitado tamaño porque controla todos los resortes del poder, y no muestra signo alguno de pensar hacer nada para cambiar un sistema político que, en su aberración, garantiza cientos de miles de puestos remunerados, y mando sobre nuestras vidas, a unos astutos miembros del aparato de los partidos.

La reforma que necesitamos es muy sencilla.

Los alcaldes deben ser elegidos directamente por los ciudadanos: una persona, la más votada. El alcalde formara un equipo de gobierno, no muy grande, lo más profesional posible, y gestionará los servicios públicos municipales según sus criterios, en el marco de la ley y de los limites de sus ingresos locales. La crítica política a su actuación se efectuará desde la prensa, la opinión pública. Y si al cabo de su mandato no ha gustado su desempeño, pues el pueblo elegirá a otro. O bien lo renovara a él. Pero nunca por más de otro mandato. El alcalde y su equipo de gobierno tendrán una excedencia laboral y reserva de puesto en su trabajo y cobrarán un salario razonable, con el tope del que cobrasen en su otro empleo personal.

Ese criterio remuneratorio debería ser común a todos los cargos.

Los presidentes de las diputaciones provinciales deben ser elegidos por los alcaldes y con un mínimo equipo de gobierno, gestionar los servicios mancomunes de su territorio.

Los presidentes de las comunidades autónomas deben ser elegidos, personalmente, directamente, por el pueblo. Y gestionar lo común con un mínimo equipo de gobierno. Una comunidad autónoma no necesita un parlamento, porque una Junta apenas debería legislar: sólo decretos y reglamentos muy concretos. Las leyes deben ser pocas, justas, y de alcance nacional. El pueblo soberano es el español, y lo contrario es crear desigualdades entre españoles, que para ser iguales ante la ley, tienen que tener la misma ley.

Las juntas autonómicas tienen que tener equipos gestores de lo común, y una financiación procedente de los impuestos comunes y únicos de la nación, teniendo en cuenta la cantidad de población y la extensión del territorio cuyos servicios comunes se gestiona. Sólo el gobierno de la nación debería poder endeudarse.

El congreso de los diputados, único parlamento de nuestra nación, sus cortes generales, debería tener un máximo de 450 miembros, correspondientes a distritos homogéneos, de unos 100.000 habitantes, eligiendo a una persona por distrito, la más votada, sin necesidad de pertenecer a ningún partido. Cualquiera debería poder presentarse a diputado de su distrito.

Y ese congreso de los diputados, esas cortes, sí que podrían elegir al presidente que estimasen que cuenta con mayoría suficiente entre ellos como para poder formar gobierno y gestionar conforme a un presupuesto claro y entendible. Eso seguiría dando una gran ventaja a los partidos políticos, que deben existir, pero con un tamaño y poder razonable.

Es opinable si debería poder elegirse directamente al presidente, como gestor, y al congreso como legislador. Puede haber democracia autentica y gestión eficiente con ambos sistemas. Pero creo que la separación entre el poder ejecutivo y el legislativo no es imprescindible para las adecuadas libertades personales.

La que tendría que ser absoluta es la independencia del poder judicial, sin grado alguno de politización. Pero ese es tema de otro artículo.

La supresión del Senado no puede ser más obvia. Los territorios no tienen derechos. Sólo las personas los tienen. Demasiada sangre se ha vertido para combatir la irracionalidad romántica y genocida de "los derechos de la tierra".

La solución es más democracia, no menos. La solución siempre es más libertad, no menos. Y los políticos, por más que digan otra cosa, se dedican a limitar las libertades y cargarnos con impuestos. Tal es su naturaleza, no se trata de una maldad peculiar de los políticos españoles. Por esa razón de libertad y el bienestar de los ciudadanos requiere el menor número posible de políticos y con el máximo control sobre ellos.

No sería una reforma constitucional muy compleja. Pero hasta que ocurra, no nos engañemos: nuestros políticos habrán sido votados, pero no son nuestros representantes democráticamente elegidos directa y libremente. Y el sistema ineficiente que han creado nos está matando.

Hay que cambiarlo ya. Y vamos tarde.


Piensa en libertad.

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