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28/12/2011

PROSTITUCIÓN Y LIBERTAD


Sea dicho por anticipado que la prostitución, como el resto de las combinaciones de sexo y dinero, me suscita una mezcla de repugnancia y tristeza. Pero junto con las drogas presenta un ejemplo excelente de la insistente ignorancia de los políticos al afrontar la realidad y de lo poco que pensamos en la libertad como la mejor vía de solución de los problemas humanos.

Al igual que ocurre con las drogas, se suele aducir que la prostitución no es mala porque esté prohibida, sino que se prohíbe porque es mala. Y en este caso las maldades aducidas para la intervención del poder político son: la inmoralidad; la vejación para la mujer; la opresión ejercida por el proxeneta, que llevada al extremo, puede convertirse en auténtica esclavitud -en algunos casos la prostitución comienza ya directamente así-; el riesgo de enfermedades venéreas y el escándalo público.

Enfrentarse a un problema con una prohibición está en la naturaleza de todo político. En muchos países la prostitución es delito. En la moderna y progresista Madrid se multa y detiene a las prostitutas. Ahora en Francia se pretende aprobar una ley que sancione a los clientes. Y en la mayor parte del mundo civilizado, el proxenetismo está condenado, aunque no con la severidad que merecería su similitud con la esclavitud.

Ninguna prohibición frenará jamás la prostitución. Las pulsiones sexuales son las menos controlables de las conductas. Y siempre habrá varones que paguen por obtener sexo rápido y fácil, mujeres que lo ofrezcan y, sin duda, hombres dispuestos a hacer negocio en el intercambio.

De todas las objeciones a la prostitución, la única compatible con una visión liberal de la vida reside en la persecución del proxenetismo. Que una persona cobre por proteger a otra es un negocio licito. Pero la praxis del proxenetismo demuestra su práctica identidad con la extorsión, la explotación laboral despiadada, los malos tratos, los abusos de todo tipo, la esclavitud en definitiva. Por tanto, la persecución del proxeneta y su sanción penal entra dentro del ámbito de los derechos de garantía que el Estado debe proteger: vida, libertad personal y propiedad.

Si se sanciona a los clientes, las prostitutas, individualmente, no encontrarán vías para evitar semejante regulación sin riesgo... Pero sus opresores sí. Los proxenetas serán los únicos que podrán ofrecer espacios «seguros» y por tanto el sometimiento de las prostitutas a su extorsión será más inevitable. Esto es evidente para el sentido común, y no parece concebible que pase inadvertido incluso para el político más adanista. Y eso que el adanismo es el más recurrente, generación tras generación, de los vicios de los políticos: creerse el primer hombre, el primero en leer los problemas, el único en conocer la certera solución, el definitivo al imponerla y aplicarla. Pero no. El mundo es viejo, la humanidad no tanto, pero lo suficiente, para saber que la sanción al cliente no reduce la prostitución. La clandestiniza aún más, y por tanto la arrincona irremediablemente en la sordidez y la ilegalidad, donde los débiles son más precarios, y los malvados, más fuertes.

Cómo no, el político, reformador, docente, nos explica que el remedio está en las aulas, en enseñar a los niños que está mal, muy mal, pagar por sexo y tratar a las mujeres como si fueran cosas. A menudo el iluminado reformista olvida el difícil engarce que esa verdad tiene con el resto de enseñanzas que proporciona en materia moral y sexual, con lo que los niños ven en la televisión -canales todos con imprescindible licencia del Estado- con el resto de mensajes de «todo vale» que reciben todos los días. Pero desde que Rousseau abandonó a sus hijos en la inclusa para mejor escribir sus tratados pedagógicos la coherencia no ha sido un requisito imprescindible en la docencia más ilustrada.

Existen muchas combinaciones deprimentes de sexo y dinero. En determinados ambientes se fomenta que las niñas encuentren un buen partido. Sólo la envidia y el machismo valoran con diferente calificación los "braguetazos", pues el adjetivo peyorativo generalmente sólo se aplica cuando el buscador de mejor fortuna a cambio de mejor sexo es el varón. En contraste, como muchas prostitutas -no sólo del segmento llamado "de lujo"- saben, son frecuentes las relaciones con clientes llenas de respeto y consideración y a veces incluso, de una extraña y casi comprensible ternura.

Quieren atender estas consideraciones anteriores a dos hechos: que la calificación moral de las conductas más íntimas acostumbra a conducir a un endiablado laberinto y que, cuanta más libertad de elección, más ética encontremos en los comportamientos escogidos.

Ver entrar a un representante del poder político en disertaciones acerca de la moral sexual es más divertido que indignante.

Pero partiendo del hecho objetivo de que el proxenetismo es un mal, de que el espectáculo de mujeres semidesnudas en conductas inexplicables es algo que no queremos razonablemente cerca de nuestros hijos pequeños, y de que se trata de un foco de riesgos sanitarios... ¿Cuál es la opción de la libertad ante esos problemas concretos?

La principal razón de ser del proxeneta es la ilegalidad de la prostitución. Tales leyes insensatas y crueles convierten a la prostituta en perseguida y generan la necesidad de un protector fuerte. Sólo la legalización de la prostitución abre una puerta a las prostitutas para el ejercicio libre de su oficio fuera del campo de concentración de los proxenetas. Si nadie puede caminar desnudo por la calle, por respeto a los demás, las prostitutas tampoco. Si se las multase por conductas ostensiblemente indecorosas, estarían en la misma situación que el resto de los ciudadanos y buscarían libremente ámbitos, físicos o virtuales, en los que ofrecer sus servicios sin escandalizar a terceros. Eso sería también positivo para los clientes. Pero muy malo para los proxenetas. Las prostitutas libres sin duda encontrarían vías de organización, por ejemplo a través de cooperativas, y de esta manera proporcionarse ámbitos seguros y discretos en los que trabajar. Y si la Seguridad Social no admitiese entre sus epígrafes el de "trabajadora del sexo" las prostitutas bien podrían mutualizarse libremente y a través de un autoseguro atender a sus necesidades médicas y asistenciales.

Pero para ello el Poder Político debería respetar el ámbito que le es propio, y no perseguir conductas sexuales que sólo pueden ser condenadas si no respetan la libertad de los demás -decoro público- dado que los restantes componentes de la prostitucion corresponden al mundo de las convicciones morales individuales. Y al mismo tiempo, el Estado debería usar su fuerza coactiva en aquello para lo que la comunidad se la concede: proteger la libertad y la propiedad, especialmente de quienes no pueden defenderse. Sobre todo si se trata de seres tan débiles como en nuestra sociedad lo son las prostitutas.


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