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25/10/2011

INDIGNADOS, PERO… ¿CONTRA QUÉ?

No faltan razones para la indignación. No las repetiremos, porque son sobradamente conocidas, las razones y las pulsiones, lo que son explicaciones sobre incoherencias intolerables y lo que son simplemente eslóganes manidos.

Lo realmente curioso es hacia dónde se está dirigiendo esa indignación. Y parece que es contra el capitalismo.

Los precios de las viviendas subieron astronómicamente. El precio del suelo, el principal componente del coste, está regulado, por el Estado, en su faceta municipal.

Las personas optaron libremente por comprar viviendas. Nadie fue forzado a ello.

Ayer unos indignados, con ánimo justiciero, protestaban porque una anciana que avaló a un familiar iba a perder su vivienda. Pero, ¿cuál es la alternativa? La firma de la pobre señora, ¿no vale? ¿No es capaz de tomar decisiones fundamentadas y libres? Y si es así ¿alguien ha planteado privarla del derecho al voto? Porque, si es incapaz de tomar decisiones sobre su propia vida y propiedad, ¿cómo puede hacerlo sobre las graves cuestiones que afectan a toda la nación? ¿Privar del voto? Escandaliza, ¿verdad? Entonces ¿cómo no nos escandaliza que se pueda, al capricho, no cumplir los contratos? ¿Quién decide que tiene derecho a no pagar? ¿Quién se merece el castigo de no recibir lo que se le debe, no cobrar sus deudas, ya sean de trabajo o de un préstamo? ¿Quién tiene esa extraña y novedosa legitimidad para decidir robar a alguien, y que eso esté bien? ¿Quién y cuándo determina, al margen de la ley, qué contrato vale y cuál no?

Las denostadas hipotecas, por cierto –no está mal recordarlo- en España, obligatoriamente, ha de ser firmada ante un fedatario público nombrado por el Estado y ser inscrita en un registro del Estado.

Los jueces que habrían de discernir la última pregunta planteada, la validez o no de los contratos, también forman parte del Estado y juzgan de acuerdo con las leyes de dicho Estado.

Las cajas de ahorro abrieron una guerra por vender la mayor cantidad posible de hipotecas. Las cajas no eran empresas, sino entidades financieras dirigidas por el Estado, a través de Ayuntamientos y Diputaciones. Y además, estaban hiperreguladas por el Banco de España, ese elemento del Estado que hace que el mercado financiero no sea libre y que autoriza cada uno de los productos financieros que se ofrecen.

Los bancos, entidades privadas más o menos libres –únicamente el Estado los autoriza, y los controla más que a ninguna otra entidad privada- sólo de arrastre, acudieron a la guerra de las hipotecas. Y no han tenido que ser rescatados. Ni un euro de dinero público –es decir, aportado por todos los pagadores de impuestos- ha ido a los bancos, privados, sino a las cajas de ahorros, del Estado.

Los bancos centrales –de los Estados- garantizaron que controlarían la cantidad de dinero en circulación, para así evitar la inflación –el mayor robo posible a los trabajadores es la inflación injustificada de los precios-. Y en su soberbia estatista erraron doblemente. Por una parte, porque no supieron medir la inflación, mirando el precio del pollo y el maíz, y no el de los inmuebles y las acciones. Por otra, porque tampoco supieron controlar la masa monetaria –el equivalente al oro que antes medía la riqueza, y que ellos decidieron reemplazar- al no tener en cuenta los nuevos productos financieros que sus propias normas y regulaciones permitían y autorizaban.

Es el Estado el que ha creado los desequilibrios que ahora nos han conducido a la crisis.

Y es el Estado el que establece las normas de elección de los cargos políticos que dirigen ese Estado.

En estos últimos días, nos indignamos porque los directivos de unas cajas de ahorros se marchan con indemnizaciones multimillonarias, mientras miles de empleados van a la calle a través de un ERE. ¡Y se culpa al capitalismo! Esos directivos fueron puestos allí por políticos, respondían ante consejos de administración compuestos por políticos, han recibido ese dinero de una caja financiada por dinero del FROB, es decir, de nuestros impuestos, y han sido políticos los que lo han aprobado. ¿Qué tiene esto que ver con el capitalismo? Nada absolutamente. Es simplemente lo contrario: un ejemplo más de la perversa influencia del Estado –los políticos- en la economía.

Es curioso: los enemigos del sistema de libre mercado admiraban a las cajas de ahorros porque no buscaban el beneficio. Aún está por terminar de conocer qué buscaban pues. En el camino, han destruido miles de millones de euros de riqueza y algunos de sus directivos se han enriquecido desmesuradamente. Quizás más valiera que hubiesen aspirado a producir beneficios, porque así, precisamente, se habría favorecido a la sociedad.

¿Por qué pues se culpa al libre mercado –el capitalismo- y no al Estado de cuanto está ocurriendo?

Porque el Estado controla la educación y los medios de comunicación. Y desde hace décadas ha creado un pensamiento dominante, narcotizante y falaz, repleto de un uso mágico del idioma, que cree que el Estado es un gran protector que nos ampara a todos de los desmanes de un Mercado inmisericorde. Cuando la verdad es que sólo somos personas cuando somos libres. Y sólo la libre empresa, el libre mercado, la libre elección, nos da esa libertad. Es cierto que la libertad lleva aparejada la responsabilidad, y el proceso de selección y fortuna que la vida libre implica. Pero el Estado no solucionará nuestra vida, ni aun al precio de entregarle todavía más parte de nuestra libertad: ya se apropia del 70% de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, a través de los impuestos –sí, esa es la suma terrible de todos los tributos, directos e indirectos que somos obligados a pagar-.

La tarea es ingente. Hayek ya señaló que la gran lucha de nuestro tiempo es la que hay que desarrollar en el plano de las ideas, en nombre de la libertad, contra el gran mito mágico del Estado, cada día más totalitario.


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